Felipe Vega Terra, director del CBC, se refirió en #DondeEstamos al fallo de la Justicia que declaró inaplicable el decreto de Javier Milei y obliga al Gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades.
«La noticia de ayer es un capítulo más de algo que venimos atravesando las universidades desde los primeros meses de la actual gestión. Ya a principios de 2024, con el presupuesto que el Gobierno prorrogó, nosotros empezamos a funcionar con ese presupuesto con el 200% de inflación que había habido en el año 2023. De ahí en adelante, lo único que hemos obtenido son resoluciones parciales».
«El Gobierno siempre aumenta las partidas por debajo de la inflación. Con los salarios de los docentes ocurre lo mismo. Desde diciembre de 2023 hasta hoy, mes a mes, perdemos contra la inflación. Hay meses donde el Gobierno da un aumento unilateral que es menor a la inflación y meses directamente donde hay 0 de aumento. La pérdida real del poder adquisitivo casi alcanza el 38%».
«El problema que tenemos hoy es que del otro lado no hay una interlocución ni un hacerse cargo por parte del Gobierno ni de la gestión del área educativa de encauzar el conflicto dialogando con los rectores, las autoridades y con los sindicatos de docentes».
«Mientras tanto, esta crisis se va acrecentando. Porque esta pérdida de poder adquisitivo, este desplome salarial y del presupuesto general de la universidad tiene consecuencias muy graves. Tenemos muchos docentes que han tenido que irse a universidades privadas que hoy pagan cifras que multiplican los salarios que pueden recibir de la Universidad de Buenos Aires. Y no son cualquiera los docentes que las universidades pierden por esa vía, sino que son los docentes universitarios más formados, con muchos años de investigación».
«El resultado de la política del Gobierno es destruir algo que funciona muy bien, es decir, erosionarlo. Al final de esta política, dure el tiempo que dure, si el Gobierno no la cambia, lo que vamos a tener como sociedad es una institución pública argentina que funciona peor, que tiene más cantidad de estudiantes por comisiones, que perdió a sus docentes más formados y a aquellos que dirigían los equipos de cátedra e investigación. Ese tamiz que el Gobierno quiere pasar es uno que destruye los activos diferenciales que la universidad pública argentina tiene».
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